Finalmente será un grupo consultor de arquitectura e ingeniería de Madrid quien desarrollará el macroproyecto de urbanización y transformación de la finca de La Remonta de Santander. Aunque no se ha hecho oficial la decisión, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa -organismo que está gestionando el proceso- confirmaron que el elegido es el gabinete madrileño Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados SL (AUIA), grupo consultor de arquitectura, urbanismo e ingeniería.La designación de AUIA podría ser hecha pública la próxima semana. El desarrollo urbanístico de La Remonta supondrá, según se recoge en el pliego de condiciones del concurso, la construcción de 1.300 viviendas en el área, así como diversas dotaciones de distinto signo. Todo el proyecto supondrá una gran transformación de la zona y de la propia capital cántabra.
El concurso para elegir el proyecto fue convocado por la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa en noviembre de 2007. Meses antes el mismo organismo adoptó el acuerdo de ceder los terrenos al Ayuntamiento de Santander, tanto para la construcción de viviendas como para la creación de un gran parque y área dotacional. Todo ello con el criterio anunciado por Defensa de promover «una nueva política de desafectación de terrenos militares». El objetivo buscado es que estos grandes espacios se incorporen a la ciudad de un modo ordenado y respetuoso con las políticas de suelo y vivienda impulsadas por el Gobierno.
La finca de La Remonta tiene una superficie de 286.000 metros cuadrados y en ella también podrán construirse zonas culturales, dotacionales, deportivas, comerciales y de ocio. En definitiva se creará un nuevo ámbito en la ciudad que servirá de nexo y continuidad entre el Parque de Morales y Peñacastillo.
Al concurso promovido por la Gerencia de Infraestructuras optaron diez grupos de arquitectura e ingeniería, una nómina que hasta ahora no se ha hecho pública. De ellos, uno de los proyectos fue «eliminado» ya que el diseño urbanístico que presentaba coincidía casi casi en su integridad con el proyecto que en su día presentó el Gobierno regional como avance del desarrollo de la finca.
El pasado 19 de junio, la comisión tripartita que ha gestionado el proceso procedió a la elección de tres de los diez proyectos presentados. Según indicó en aquella fecha el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santander, César Díaz, miembro de la Mesa de Selección, el acuerdo fue adoptado por unanimidad entre los representante de las tres administraciones implicadas (Defensa, con Carlos Moliner; Gobierno regional, con el director general de Urbanismo, Pedro Gómez Portilla; y el Ayuntamiento de Santander, con César Díaz). En esa reunión, la Gerencia de Infraestructuras hizo entrega del informe jurídico por el cual la Secretaría del Estado del ministerio rechazaba el recurso de alzada interpuesto por el Colegio de Arquitectos de Cantabria que mantiene la ilegalidad del concurso.
En esa reunión la Mesa de Selección estableció ya una prelación entre los tres elegidos. La elección final -que todavía no es pública- recayó en el proyecto presentado por la empresa ‘AUIA’ en tanto que uno de los áccesits le habría concedido al proyecto ideado por un grupo encabezado por el arquitecto cántabro Clemente Lomba, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Cantabria.
La reutilización de la finca de La Remonta como área a urbanizar para la ciudad fue una promesa electoral hecha por el PSOE en los comicios de 2004. Los desencuentros entre las administraciones implicadas (en particular entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander por definición del uso y el número de viviendas a construir) ha ‘ralentizado’ todo el proyecto y ha impedido el inicio de la actuación.
Tampoco ha existido acuerdo sobre los futuros beneficiarios de las viviendas que se construyan (prioridad para los santanderinos o cualquier cántabro).
El pasado mes de junio, el Parlamento de Cantabria aprobó una propuesta de resolución presentada por los grupos regionalista y socialista por la que se instaba al ayuntamiento a tramitar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que poder iniciar «cuanto antes» la construcción de viviendas de protección en la finca.
La propuesta no contó con el voto favorable del PP que consideró una «mala práctica» que el Parlamento se ‘entrometa’ en decisiones urbanísticas municipales; además subrayó que la propuesta lejos de adelantar el proceso, lo retrasaba.
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